Analizaré la economía nacional bajo el actual contexto de la economía a nivel global.

La crisis deflacionaria de la Gran Recesión, liderada por la expansión artificial del crédito de la FED (que se produce cuando los bancos incrementan su oferta de fondos prestables a largo plazo a partir de su oferta de fondos prestables a corto) y su posterior rescate financiero (a Morgan Stanley, JP Morgan, Goldman Sachs, AIG, entre otros), sumado a una política de flexibilización cuantitativa (desde 2009), impidió la depuración de las malas inversiones (el sector de la vivienda, la construcción, y la industrias extractivas), y deterioró la liquidez de su balance (depósitos que están financiando deuda pública y deuda hipotecaria), sembrando, otra vez, la posibilidad de nuevas burbujas, nuevas descoordinaciones de la estructura de capital, más inflación, entre otros efectos. Es decir, la FED, en paralelo con el BCE y el Banco Popular de China optaron por soluciones de corto plazo, pero que tienen consecuencias dañinas en el mediano y largo plazo para la economía mundial.

La postergación de la crisis subprime (2008) a costa de sacrificar la liquidez del balance de la FED y el BCE, sumado a la agresiva expansión artificial del crédito del Banco Popular de China, evitó el desplome extendido de los precios de las materias primas o, dicho de otro modo, logró repuntarlos hasta el año 2013, cuando la FED y el BCE anuncian el fin de la flexibilización cuantitativa, provocando la reversión de la entrada de capitales hacia los emergentes (Brasil, China, Sudáfrica, Rusia e India); sumado a la desaceleración de China por su intoxicación de deuda que ya comienza el año 2011 (si bien hay que destacar la baja tasa de preferencia temporal de los ciudadanos chinos) y, posteriormente, la suba de tasas por parte de la FED, purgando en cierta medida los proyectos y subproyectos más ruinosos. Lo que quiero decir es que no volveremos a ver un boom de los precios de las materias primas con fundamentos sostenibles a menos se trate de una nueva burbuja o sea producto de nuevos planes de estímulo de corto plazo (flexibilizaciones cuantitativas, Abenomics en Japón o las insistentes políticas keynesianas en China que lo único que hacen es impedir el crecimiento sano y la readaptación de sus estructuras productivas). Veamos lo que significó para la economía boliviana.

Al ser un país exportador de materias primas, el efecto fue directo. Las materias primas son un bien de capital que produce el sector extractivo para la construcción y el sector inmobiliario, sectores donde se gestó la burbuja de vivienda en EEUU y en gran parte de Europa. Es evidente que no se descartan factores como el aumento de la población o la cuestión geopolítica, pero son determinantes secundarios, no determinantes del ciclo comenzó en 2001.

Una vez comprendamos que los elevados precios de las materias primas no tuvieron un fundamento real, sino que fueron resultado de la manipulación de los tipos de interés de mercado por parte de los Bancos Centrales en complicidad con la banca privada, es muy arriesgado seguir manteniendo el statu quo de la política económica pensando que no existen efectos desfavorables, pues tiene que comprenderse que:

  • El crecimiento de la demanda interna mediante el gasto y toda la batería de políticas intervencionistas no hizo más que descoordinar la estructura de capital de la economía y, paralelamente también, su estructura financiera.
  • Y que la intervención sistemática del Estado sobre la economía, la asignación arbitraria de los recursos y sus muy cuestionables políticas contracíclicas (sin comprender a cabalidad la deuda e inflación que la FED y el BCE exportaron a través de sus divisas) no corrigen, sino que agravan más los problemas.

Si miramos el balance del Banco Central de Bolivia, desde que comenzó a perder reservas internacionales (desde finales de 2014), sus divisas cayeron un total de 2000 millones de dólares aproximadamente, y el crédito al sector público (empresas públicas) aumentó en más de 2500 millones de dólares, empero, el total su activo disminuyó en más de 2500 millones de dólares (sobre todo por la disminución de sus reservas internacionales líquidas).

Dicho de otro modo: al tiempo que fue perdiendo sus reservas (divisas y otros activos internacionales líquidos), el central amplió su balance endeudándose a largo plazo (crédito al sector público) a partir de sus pasivos a corto (depósitos y emisión), deteriorando su liquidez y, por consiguiente, descoordinando la estructura de capital de la economía y su estructura financiera. O de una forma más clara todavía: el banco central actuó de la misma manera que la FED y el BCE, monetizando activos de largo plazo a partir de pasivos a corto, envileciendo la moneda y comprometiendo la liquidez de su balance (acrecentando el riesgo de crédito de la economía y vulnerando la estabilidad del tipo de cambio).

Dicho lo anterior, veamos la composición del gasto del SPNF (66% en corriente y 34% en capital) según las últimas cifras oficiales (2006-2017); o el déficit fiscal, que en los últimos cuatro años ha crecido en 193% debido a la caída de los ingresos y al mantenimiento del gasto, del cual, el 91% es deuda externa y el 9% restante, deuda interna; sumado a que desde 2016 somos deudores internacionales netos, la calidad de nuestro endeudamiento, no es para nada alentador, pues del mismo modo que el banco central ha venido degradando su liquidez, la posición de liquidez agregada de la economía nacional frente al resto del mundo, también se degradó (a partir de 2014 que nuestros activos comenzaron a disminuir constantemente en tanto que nuestros pasivos lo contrario), y ya en 2017 somos deudores netos de 2492 millones de dólares, y para más inri, el 89% del crecimiento entre 2016-2017 fueron con pasivos a corto (inversión de cartera), con el 24% del crecimiento de nuestros activos a largo plazo (inversión directa en el extranjero), y es que no se trata de la cantidad de activos y pasivos (que es evidente que importan) sino más bien, de la calidad, el riesgo y el descalce de los mismos.

Pero prosigamos nuestro análisis miramos el mercado de trabajo por ejemplo, y veremos elevadas tasas de informalidad[1] (sobre todo por el costo laboral), baja competitividad (calidad deteriorada de las instituciones públicas, crecimiento del déficit fiscal, baja calidad de la educación para el desarrollo del capital humano, política económica distorsionadora del proceso de mercado, mercado laboral inflexible, empresas que no adoptan nuevos procesos tecnológicos para ser más competitivas o que invierten poco en I+D, entre otros factores), además de ser la economía ubicada entre las más represivas económicamente hablando del mundo, ocupando el puesto 173 de 180 países, entre Argelia y Zimbawe, reflejado por el Índice de Libertad Económica que publica anualmente The Heritage Foundation, haciendo énfasis en los siguientes problemas que, entre otras pérdidas de oportunidad, bloquean la generación de inversión extranjera directa (que no sea estatal y en el sector extractivo): creciente déficit fiscal, control de las instituciones y vulnerabilidad del sistema judicial por el partido gobernante del MAS, corrupción y falta de seguridad jurídica entre lo más relevante.

Vamos, que ya está demostrado que los países más exitosos no son países exactamente los más intervencionistas como Argentina, Corea del Norte, Cuba, Grecia, Nicaragua o Venezuela: sus gobiernos ya han demostrado las consecuencias nefastas de sus políticas para la sociedad, pero al parecer, preferimos transitar por ese mismo sendero.

En concreto, no podemos subestimar el contexto actual esperando un repunte sostenido del precio de las materias primas; como tampoco podemos readaptar la estructura productiva sin haber ahorrado previamente. Dicho de otro modo, en este contexto es irresponsable seguir con “El Nuevo Modelo Económico, Social, Comunitario y Productivo”, pues un modelo así podría funcionar (aunque es debatible) en un mundo de superabundancia, no en el mundo real.

 

[1] Durante el periodo (2006-2017), 77 de cada 100 personas de la población ocupada trabajaron en un algún tipo de empleo categorizado como informal: que no percibe aguinaldo o fueron ocupadas en un establecimiento sin “número de identificación tributaria (NIT). Medido por el indicador “empleo informal” de la Red de Empleo, Ingresos y Producción (Eminpro). http://www.eminpro-inesad.com/index.php?option=com_content&view=article&id=110&Itemid=301